La Red de Solidaridad Popular
(RSP) de Jinámar, se manifestó el 26 de junio en las puertas
de la Dirección General de la Vivienda, con el fin de paralizar los expedientes de desahucios
administrativos que el Instituto Canario de la Vivienda está remitiendo
a muchas familias que no tienen ingresos para hacer frente a sus
necesidades vitales. En la concentración participaron más de
doscientas personas y se solidarizaron las plataformas Stop Desahucio, de
Redescán, la RSP de Ingenio, destacados dirigentes de CCOO, de Izquierda
Unida Canaria, del PCC y del PCPC.
La concentración, que tenía
previsto acabar a las 15:00 horas, terminó sobre las 12:30 horas porque
tras reunirse los representantes de Stop Desahucio y de la RSP de
Jinámar con la Directora del Instituto Canario de la Vivienda, (Sulbey
González), y dos técnicos de dicho instituto, se llegaron a acuerdos
tranquilizadores para las familias que han recibido los expedientes de
desahucio.
Estos acuerdos se concretan en cuatro puntos.
1º) Se cambiará el protocolo por
el que se comunica a l@s afectad@s que tengan deudas con sus comunidades
o con el I.C.V. y que no puedan hacer frente a las mismas por motivos
económicos justificados, para que primero llegue una comunicación sobre
las denuncias por dichas deudas, dando un plazo de al menos un mes para
que justifiquen el no pago o la morosidad de l@s afectad@s.
2º) Dicho protocolo, antes de que
se apruebe, será consultado en una próxima reunión con Stop Desahucios y
la RSP. El protocolo especificará los dos o tres documentos que se
requerirán a los afectados, para agilizar los trámites.
3º) En caso de estar justificados
los motivos de los impagos, el ICV mediará con las comunidades, para
buscar una solución que bien podría ser el fraccionamiento o
aplazamiento de las deudas, en función de las condiciones económicas de
las familias. En esta mediación caben otras soluciones como la permuta
de la deuda por servicios a la comunidad para los casos de más
necesidad.
4º) Hay el compromiso de no
desahuciar a ninguna familia que demuestre no disponer de recursos
suficientes para hacer frente a las deudas derivadas de su vivienda y
que muestren su voluntad de solucionar las mismas con la mediación del
ICV.
Para la RSP de Jinámar, es un paso
importante para llevar la tranquilidad a las familias más necesitadas y
que a la vez evita que paguen “justos por pecadores”.
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